Por unanimidad y con el aval de las fuerzas políticas del Congreso, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el Dictamen para la expedición de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, que tiene como finalidad reestructurar la administración pública estatal y paraestatal.

La nueva Ley permitirá la regulación adecuada de las facultades del Gobierno, con la finalidad de implementar mejores prácticas en la administración y gestión gubernamental, que fomente la transparencia y evite la corrupción.

Durante la discusión del dictamen, el diputado Gabriel Biestro Medinilla afirmó que, gracias a la participación de todas las fuerzas políticas, la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública es el inicio de una nueva etapa que dará certidumbre jurídica, normalidad democrática, equilibrio en las funciones públicas, control en el gasto, así como reducción y eliminación del dispendio.

Asimismo, la diputada Vianey García Romero señaló que en la nueva Ley se tomaron en cuenta las propuestas de cada una de las fuerzas legislativas para impulsar una administración estatal de gobierno abierto, que especifica de manera clara las funciones de las Secretaría de la Función Pública, de la Secretaría de Gobierno y la Consejería Jurídica, entre otros.

De igual manera, la diputada Tonantzin Fernández Díaz señaló que el cambio en la Ley Orgánica de la Administración Pública permitirá delimitar las responsabilidades de las dependencias, ahorrar tiempo y trámites burocráticos, salvaguardando los derechos laborales del personal de las dependencias.

En su momento, el diputado Marcelo García Almaguer señaló que se da un voto de confianza a la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, con la finalidad de dotar de las herramientas necesarias para el manejo de los recursos y los proyectos sociales que emprenderá la nueva administración.

Durante su intervención, el diputado Uruviel González Vieyra solicitó se le dieran a conocer los elementos que sustenten el cambio de denominación de la Secretaría de Educación Pública por el de Secretaría de Educación, ya que en la administración pública federal se respetó la denominación actual.

Asimismo, la diputada Rocío García Olmedo cuestionó si en la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública se contempla un enfoque de género y de derechos humanos.

En este mismo sentido, el diputado Armando García Avendaño cuestionó sobre la integración de las aportaciones que hizo su bancada con relación a las funciones de la Secretaría de Seguridad y de la Secretaría de Gobernación.

TOMA DE PROTESTA EN AYUNTAMIENTOS

En otro punto del orden del día, las y los legisladores de la Comisión de Gobernación avalaron las fechas de toma de protesta de los ayuntamientos de Santa Clara Ocoyucan, Mazapiltepec, Tepeojuma, Cañada Morelos y Ahuazotepec, donde se llevaron a cabo elecciones extraordinarias.

La diputada Vianey García Romero señaló que los municipios donde no existió impugnación tendrán que tomar protesta el 15 de agosto, y en los que se dieron impugnaciones, el 10 de septiembre.

Con relación a este punto, el diputado José Juan Espinosa cuestionó si existen acuerdos al respecto por parte del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para determinar las fechas de toma de protesta.

En respuesta a este cuestionamiento, el diputado Javier Casique Zárate aclaró que existe un acuerdo con el INE para el establecimiento de fechas de la toma de protesta de los ayuntamientos donde se dieron elecciones extraordinarias, debido a que son dos circunstancias diferentes.

De igual forma, la diputada Mónica Lara Chávez señaló que las fechas establecidas para la toma de protesta de los ayuntamientos donde se realizaron elecciones extraordinarias, obedece a que son cinco decretos diferentes para cada municipio, por lo que el Congreso del Estado cuenta con la facultad para establecer las fechas diferenciadas.