Ante el Pleno de la LX Legislatura del Congreso del Estado, la diputada Vianey García Romero, presentó una Iniciativa de Decreto por medio de la cual se abroga la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla.

Como parte de los considerandos, la diputada recordó que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar su violación.

Recordó que 12 de mayo de 2014 el gobernador del Estado presentó ante el Poder Legislativo una Iniciativa de Decreto por la cual se expide la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, misma que fue aprobada y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 19 de mayo de 2014.

En ella se establecía la regulación del empleo de la fuerza pública en los siguientes casos: para lograr el sometimiento de una persona que se resista a la detención ordenada por una autoridad competente o en casos de flagrancia; obtener el cumplimiento de un deber o las órdenes lícitas giradas por autoridades competentes; con el fin de prevenir la comisión de conductas ilícitas; ejercer la fuerza para proteger o defender los bienes jurídicos tutelados o por legítima defensa.

De tal forma que la fuerza pública se equiparaba con la utilización de armas no letales consistentes en bastones policiales, agentes químicos irritantes aprobados por la función policial, mejor conocido como gas pimienta, dispositivos eléctricos de control y las armas noqueadoras o incapacitantes.

El 9 de julio de 2014 los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, quienes se manifestaban para la restitución del servicio del Registro Civil en su localidad, sufrieron las consecuencias de la aplicación de aquel ordenamiento por parte de elementos policiales, teniendo como resultado la muerte de un menor de edad.

Con diferentes fechas, a partir del 17 de septiembre de 2018, se presentaron iniciativas para abrogar la Ley y otras disposiciones, así como reformas, que fueron observadas por el Ejecutivo impidiendo concretar la intención de otorgar a las autoridades de seguridad pública y en especial a la ciudadanía, garantías sobre el uso adecuado de la fuerza pública, con plena observancia y respeto de los Derechos Humanos.

De tal forma que esta Iniciativa de Decreto tiene la intención de subsanar las omisiones para dar por finalizado el trámite legislativo expuesto, así como enmendar las deficiencias que permitan de una vez por todas abrogar la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla.

La Iniciativa de Decreto se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedentes.