En Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y Asuntos Indígenas las y los diputados aprobaron, por unanimidad, modificaciones a la Ley Orgánica Municipal para que, en los actos públicos celebrados por los ayuntamientos e instituciones en donde haya población indígena, haya un traductor, con la finalidad de garantizar su derecho a la información y con ello, comenzar a impulsar prácticas incluyentes para este sector de la sociedad en el estado de Puebla.

El Punto de Acuerdo propuesto por la diputada Tonantzin Fernández Díaz y presentado por la diputada Josefina Hernández García, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, tiene por argumentos la atención a la falta de comunicación que enfrenta este sector y que los excluía de toda decisión y participación de la sociedad por la falta de un intérprete o traductor.

En el desarrollo de los trabajos para el análisis de la propuesta, las y los diputados establecieron que en el artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal, se considerara que los ayuntamientos, las juntas auxiliares, instituciones gubernamentales y órganos de participación ciudadana, promoverán y garantizarán el desarrollo integral de las comunidades indígenas, las cuales deberán de contar de todos los servicios necesarios para su desarrollo.

En la discusión, la diputada María del Carmen Cabrera Camacho, hizo un llamado para que instituciones como el DIF del estado y los ayuntamientos, así como la Secretaría de Educación Pública, también adopten esta medida para que los indígenas cuenten con un medio de comunicación y no se sientan excluidos.

Asimismo, la diputada Olga Lucia Romero Garci-Crespo señaló que proponer que haya un traductor de lenguas en Pueblos indígenas es la forma de ser incluyentes y poner al Congreso como un verdadero representante de los Pueblos Originarios.

Por su parte, la diputada Guadalupe Muciño Muñoz señaló que aplicar esta reforma a la Ley Orgánica Municipal, es abrir una brecha a la igualdad de condiciones a los Pueblos Indígenas, en tanto que, el diputado Carlos Alberto Morales Álvarez consideró necesario y obligatorio hacer llegar a los pueblos indígenas programas sociales para evitar violaciones a sus derechos en la procuración y administración de justicia en el estado de Puebla.

En tanto que, la diputada Tonantzin Fernández Díaz argumentó que estas reformas tienen como finalidad, garantizar el derecho de acceso a la información de un sector de la población que por años ha sido marginado.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Josefina Hernández García, también fijó su postura para que en las reformas planteadas sean  considerados cambios dirigidos a reconocer a los médicos tradicionales, de la misma forma, solicitó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y se respete la figura de los Juzgados Indígenas, de la misma forma, hizo un llamado a las autoridades a reflexionar sobre las reducciones al presupuesto destinado para la atención de este sector de la población, el cual pasó en los últimos tres años de 12 mil millones asignados en el 2015 a la CDI a tres mil 100 millones en el 2018.

Finalmente, expresó que la Comisión a su cargo se encuentra en espera de la Iniciativa del titular del Ejecutivo para legislar en la creación del Instituto Estatal de Pueblos Indígenas.