La implementación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y el uso legítimo de la Fuerza Pública dio paso a que en Puebla se vulnerará el Estado de Derecho que debe otorgar el poder ejecutivo, afirmó el diputado Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LX Legislatura del Congreso del Estado.

Ante este escenario y en el marco del Foro Consultivo Estatal hacia la Nueva Ley Reglamentaria que regula el uso de la Fuerza Pública, el legislador sostuvo que Puebla debe entrar en un respeto real a las libertades y nunca más una libertad se vuelva a ver coartada.

Sentenció que se viven nuevos tiempos, los cuales, si no van acompañados de una protección real a la libertad, particularmente a la de manifestación, las cosas no se harán bien.

“Esta LX Legislatura, busca crear un asunto de normalidad democrática y de certidumbre jurídica. Lograr garantizar esos puntos y que los poblanos no vuelvan a vivir los efectos de una tiranía, como los que se vivían hace 100 años, 50 años o incluso menos”, acusó.

El también coordinador del Grupo Legislativo de Morena aseguró que esta abrogación de ley, busca que la gente viva en esa plenitud, uso y goce de las libertades que la Constitución le da y que nunca más, vuelvan a pasar las atrocidades que han pasado y que nunca más el Estado, deba una vida, no solo en Puebla, sino en todo el país.

Mostró su confianza en que estos trabajos, sean el inicio de toda esta discusión y que se extienda a nivel nacional, considerando que la situación de violencia que se vive en el país es muy grave, como para que todavía se permitan leyes que lastimen al ciudadano.

“No podemos tener leyes que solo justifiquen el que el gobierno –a pesar de que es derecho legítimo- pueda lastimar a la gente, lo que se tiene que hacer es regular y evitar en lo máximo posible, que estas situaciones sucedan, y lo que tenga que suceder, es porque se agotaron todas y cada una de las vías de diálogo, o bien porque una de las partes no tuvo la voluntad de dialogar”.

Biestro Medinilla aseguró que los diputados tienen una gran responsabilidad histórica y todo lo que se derive de este foro, será considerado para elaborar una ley que vaya dirigida a respetar el derecho de los ciudadanos a manifestarse y a protestar cuando algo no nos parezca correcto.

Al hacer uso de la palabra, Jesús Robles Maloof, defensor de los Derechos Humanos y uno de los ponentes del Foro, aseguró que el uso de la fuerza policial debe ser proporcional, por lo que esta legislación cobra una singular relevancia, puesto que, si no existe la manera de establecer límites concretos al uso de la fuerza, la misma –la fuerza-, se vuelve abusiva.

El investigador, señaló que es importante escuchar el sentir de los policías, pues ellos solo ejecutan las órdenes, al igual como ocurrió en el caso Chalchihuapan.

“Los ciudadanos pueden ocupar espacios públicos y la autoridad debe garantizar el uso proporcional y legítimo de la fuerza pública”, subrayó.

Sostuvo que el uso legítimo de la fuerza, se debe regular no solo para establecer momentos, controles y proporciones, sino porque existe un elemento fundamental de los derechos humanos que debe ser cuidado: la libertad de expresión.

DIPUTADOS DEBEN REGRESAR LAS GARANTÍAS DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DESACUERDO, FAVORENCIENDO EL DIÁLOGO

En su intervención, la diputada Mónica Lara Chávez, diputada del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social, sentenció que si en el pasado hubo quienes se encargaron de callar las voces a través de la implementación de la fuerza, la prisión política y con marcos jurídicos ominosos, los diputados deben regresar las garantías de la libertad de expresión y de desacuerdo favoreciendo el diálogo.

En ese sentido, la también propinante de esta iniciativa de decreto, recordó que el 17 de septiembre, a nombre del Grupo Legislativo de la Coalición Juntos Haremos Historia, presentó la Iniciativa de Decreto que abroga la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla.

Abundó que no existen elementos para vetar o hacerle observaciones a la Ley, puesto que su abrogación al tratarse de un reclamo de la sociedad, al tratarse de una normatividad que no protegió y agredió a la población, violentando sus derechos humanos.

Lara Chávez, destacó que la abrogación de esta Ley, tiene como objeto salvaguardar la libre manifestación de las personas, organizaciones y poblanos en su conjunto.

No dejó de mencionar, que antes del 2014 no existía la llamada Ley Bala, por lo que aseguró que, con responsabilidad y respeto, la LX Legislatura, atenderá las observaciones del Ejecutivo para sepultar este agravio hacia la sociedad.

En su mensaje, recordó que, en mayo del 2014, la anterior Legislatura, aprobó el Decreto del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, denominada Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza, conocida en término popular como Ley Bala.

Relató que una semana después de su aprobación, pobladores de las comunidades del municipio de Ajalpan acudieron a la representación del Gobierno del Estado de Puebla en el municipio de Tehuacán para solicitar que les fueran regresados los servicios del Registro Civil, pero en vez de ello, dijo, el Estado les aplicó para entonces la ya famosa y repudiada “Ley Bala”, evento que dio como consecuencia, la detención de personas, desaparecidos y heridos.

La propia legisladora, detalló que días después, pobladores de San Bernardino Chalchihuapan demandaron lo mismo, es decir, que les fueran devueltos los servicios del Registro Civil a su comunidad.

Sin embargo, dijo, la respuesta fue la misma que a los pobladores de Ajalpan, aunque con una lamentable particularidad, pues en este suceso un niño de 13 años de nombre José Luis Tehuatle, murió por loe efectos de la “Ley Bala”, a consecuencia de un impacto de una bala de goma que le destrozó el cráneo.

EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE ACEPTAR NI AVALAR QUE EL EJERCICIO DE LA FUERZA PÚBLICA SE UTILICE CONTRA LA CIUDADANÍA

En su oportunidad, la diputada Vianey García, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, aseguró que la LX Legislatura, sostuvo que, a raíz de la aprobación de la Ley Bala, hubo represión en la manifestaciones, muertes y presos políticos.

“Hoy en el Congreso del Estado, ponemos a discusión la nueva Ley Reglamentaria del artículo 117, puesto que tenemos que garantizar el respeto de los Derechos Humanos”, expresó.

En este sentido afirmó que, en ninguna circunstancia, el poder legislativo no puede aceptar ni avalar que el ejercicio de la fuerza pública se utilice contra la ciudadanía, pues con ello se vulnera el respeto a los derechos humanos.

Destacó que, con este ejercicio, se sentarán las bases determinantes no solo para emitir un orden legal a la altura de las necesidades de nuestra entidad, sino para contar con reglamentos y protocolos que especifiquen y fortalezcan las medidas para el equipamiento, capacitación y actuación policial con apego al respeto de los derechos fundamentales.

“Que quede claro, no se trata de repartir culpas ni de satanizar a los elementos que día a día arriesgan la vida para resguardar el orden social, sino de asumir responsabilidades, hacer conciencia y acatar el mandato social”, subrayó.

La legisladora, sostuvo que se debe dignificar con recursos humanos y materiales el papel policial, generar normas a la altura de las circunstancias sociales y asegurar su correcta aplicación y observancia en beneficio de Puebla y los poblanos.

Por último, acusó que la aprobación de esta Ley generó polémica, indignación, violencia y muerte, a través de una visión represora, y no como un elemento garante del orden y la protección de los derechos de la ciudadanía.