José Juan Espinosa Torres, presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Congreso del Estado, denunció al Gobierno del Estado a través de la Secretaría General de Gobierno, de someter, amenazar y presionar al menos a 100 presidentes municipales, la mayoría de ellos emanados de la Coalición Juntos Haremos Historia, con el objetivo de que, en estos ayuntamientos, se mantengan los elevados índices de criminalidad que hoy mismo se viven en diversas regiones de la entidad.
Acompañado de la diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo, del Grupo Legislativo del partido Movimiento Regeneración Nacional, el legislador reiteró que a este grupo de ediles, el Gobierno del Estado les está condicionando los operativos del “Escudo Zaragoza”, a cambio de que firmen los convenios de colaboración en diferentes temas, incluyendo el mantenimiento de la Red Estatal de Ceresos; así como los descuentos del uno por ciento en participaciones de un área que depende de la Secretaría General de Gobierno (SGG), al igual que retirarles recursos del Fortamun y el condicionamiento de programas sociales que entrega el Sistema Estatal DIF.
Denunció que presidentes municipales, así como grupos de regidores del PRI, Morena y el PRD –los menos-, han denunciado ante el Poder Legislativo, la forma en como los presiona la autoridad estatal para que firmen estos convenios de colaboración, con la consabida amenaza de retirarles los apoyos que brinda la Secretaría de Seguridad Pública, en una bolsa a nivel estatal, que podría representar hasta 300 millones de pesos para los municipios.
Reconoció que no es fácil salir de este bache en materia de seguridad pública, el cual incluso ya se convirtió en una crisis, de ahí la urgencia de trabajar en la materia desde el orden federal, estatal y municipal, a fin de regresarle a los ayuntamientos, todo aquello que requieren para garantizar la paz y tranquilidad en sus comunidades.
Poco antes, el propio legislador, confió en que finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, avalará la acción de inconstitucionalidad promovida en su oportunidad por el ayuntamiento de San Pedro Cholula, en el proyecto de la impugnación de la Ley de Seguridad Interior, ello, ante el fracaso evidente del Gobierno Federal, apoyado por algunos gobernadores, por militarizar al país.
NO A LA VENTA DE INMUEBLES HISTÓRICOS EN PUEBLA
Por otra parte, el también coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, anunció que los diputados de las tres fracciones parlamentarias de la Coalición Juntos Haremos Historia, darán marcha atrás a la iniciativa que presentó recientemente el gobernador Antonio Gali, que autorizaría la enajenación del inmueble histórico en la Avenida Reforma 710, conocido como “El Hospicio”.
Adelantó que se hará saber a los miembros que integran la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, la urgente necesidad de dictaminar esa iniciativa que presentó el Ejecutivo y sea presenta ante el pleno de la LX Legislatura y no se permita la enajenación de este inmueble histórico.
Espinosa Torres, precisó que la propuesta irá en el sentido de que el propio dictamen, se establezca que ante la incapacidad financiera del Gobierno del Estado por recuperar este inmueble, el mismo sea donado a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), para lo cual ya se sostuvo un encuentro con el rector de la institución, donde se les hizo saber a los legisladores, que la propia institución cuenta con las condiciones financieras, operativas y humanas para que el edificio de la Avenida Reforma 710 sea utilizado como un centro promotor de la cultura y el arte para beneficiar no solo a la comunidad universitaria, sino también a la población en general, incluyendo quienes provienen de municipios conurbados a la capital poblana.
En su oportunidad, la diputada Romero Garci-Crespo, secretaria de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, respaldó en todos sentidos el rechazar la propuesta del mandatario e impedir que este inmueble histórico se convierta en un centro comercial, y sea destinado para el quehacer artístico y cultural, para lo cual incluso, el propio rector de la BUAP les comentó que ya existe un proyecto.
Con esta acción, abundó, la LX Legislatura dará un paso más en el proceso de recuperación de los edificios históricos de la ciudad de Puebla, abonando así a la promoción de políticas públicas en favor de los poblanos.