En sesión de comisiones unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal, así como Transparencia y Acceso a la Información, diputados aprobaron por mayoría modificaciones a la Ley de Deuda Pública para que los pasivos que generen las obligaciones por la prestación de obras y servicios contratadas a través de PPS y APP sean considerados una deuda pública, además de anular la facultad exclusiva del Ejecutivo, para autorizar dichas contrataciones.

En el desarrollo de la sesión la diputada Olga Lucia Romero Garci Crespo, presidenta de la Comisión de Transparencia, resaltó las principales modificaciones a diversos artículos de la ley que se discutió, los cuales son:

Considerar como ingresos de libre disposición, aquellos que sean locales y las participaciones federales, así como los recursos que en su caso reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

Toda afectación de recursos públicos, sean numerario o bienes inmuebles, deberá ser autorizada por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, podrá constituir fideicomisos, previa autorización de las dos terceras partes de la Legislatura.

El Congreso del Estado deberá crear y mantener un registro público donde se inscriban las afectaciones autorizadas, el cual deberá contener los datos de la afectación, fecha, monto, plazo, objeto y contrato de referencian y actualizarlo de manera trimestral.

Las afectaciones realizadas a los ingresos de libre disposición podrán ser revocadas o revertidas, una vez liquidadas las obligaciones derivadas de los contratos de origen o en el caso de que estos hayan sido rescindidos por causas atribuibles al inversionista proveedor.

De igual forma se aprobó modificar la Ley de Transparencia en su artículo 77 para que ya no existan reservas que impidan conocer los contratos bajo estas figuras, es decir, será deuda pública, los Proyectos de Prestación de Servicios y a las Asociaciones Público Privadas, ésta última en lo que respecta a los recursos públicos en término de la normativa aplicable.

En la discusión, la diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo señaló que los trabajos legislativos, iniciativas, y puntos de acuerdo que se analizan en comisiones unidas, son acciones que no buscan golpear a un partido o a las autoridades, sino que busca llegar a la verdad y a transparentar las acciones de gobierno, ya que resulta preocupante que en Puebla haya una deuda de la que los poblanos no están cien por ciento seguros del monto total.

En su momento el diputado Raymundo Atanacio señaló que estas modificaciones garantizan que en Puebla se conozca la verdadera dimensión de la deuda pública que tiene el estado, la cual podría ascender a los 70 mil millones de pesos.

En tanto que el diputado Raúl Espinosa, al manifestar el voto en contra del PAN, consideró que los pasivos que arrojan los PPS y las APP son mecanismos modernos de financiamiento para la prestación de obras y servicios que no pueden ser considerados una deuda pública de hacerlo, se contravienen las disposiciones federales al respecto.