Con los votos a favor de los diputados que integran la Coalición Juntos Haremos Historia, 14 en contra del PAN, Compromiso por Puebla, Nueva Alianza y del PRD, así como tres abstenciones del PRI, el Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley de Deuda Pública, así como a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que las figuras conocidas como APP y PPS, sean consideradas deuda pública y se conozcan los detalles de todos los contratos existentes.

En la sesión de este miércoles se aprobó el dictamen discutido previamente en comisiones, donde además se eliminará la facultad del Ejecutivo para autorizar dichos contratos para la realización de obra pública con inversiones privadas.

La diputada Mónica Lara Chávez explicó que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, encuadra los PPS como deuda y lo deja claro el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados establece que esta figura son contratos de servicios de largo plazo concretados entre las entidades e inversionistas-proveedores.

Y además, estos contratos deben dar certidumbre en costos, responsabilidades y en la operación, sin embargo, en Puebla no se conoce nada de eso ni los costos programados o cuotas que el gobierno paga por cada uno de los contratos de los PPS.

Agregó la diputada que incluso el mismo Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso de la Unión, que con las trifas fijas de los contratos de los PPS, el estado queda protegido de las variaciones de costos de las obras que se realizan. Pero en Puebla, todas las obras que se realizaron con contratos de PPS tuvieron sobrecostos.

Y citó que el teleférico originalmente iba a costar 166 millones de pesos y terminó costando 359 millones; el Museo Internacional Barroco costaría 2 mil 375 millones de pesos, pero terminó costando 7 mil 280 millones de pesos y otras más con sobre costos de hasta 186 por ciento.

Refirió que incluso hay estudios que reflejan que la deuda por PPS se ubica en los 76 mil millones de pesos, sumados a los 74 mil millones de deuda directa, lo que en suma daría 150 mil millones de deuda real.

Finalmente Lara Chávez destacó la importancia de conocer, a partir de esta modificación a la Ley de Deuda Financiera, la capacidad de inversión estatal, cuánto podrá destinarse a infraestructura social y programas sociales; a cuánto ascienden los intereses que se pagan por esa deuda; las obligaciones financieras, qué se debe y a quiénes; la capacidad de pago del Estado y los compromisos del gasto corriente.

Por su parte, el diputado Marcelo García Almaguer, al igual de la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, aseguran que estas reformas a la Ley de Deuda Pública no consideran las disposiciones federales incluso se podría caer en una acción de inconstitucionalidad.

El diputado Gerardo Islas aseguró por su parte que en efecto, los proyecto de inversión en Puebla asciende a los 22 mil 540 millones de pesos a pagar en 25 años como el Centro Integral de Servicios de Angelópolis, las plataformas de AUDI, el Museo Barroco y que no deben considerarse como deuda pública, pues sería como si cada usuario de una línea telefónica o de televisión por cable, estuviera endeudado con dichas empresas por el simple hecho de haber contratado el servicio.

Al respecto, la diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo, aclaró que no se viola ninguna disposición legal, sino más bien, se está armonizando con la Ley de Disciplina Fiscal, la cual, desde 2016, ya deben considerarse como deuda pública

En tanto, Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la Junta de Coordinación Política dejó en claro que estos contratos son deuda, pues deben pagarse, de lo contrario, no tendría por qué generar intereses como existe ahora y se trata del dinero de los poblanos, no de una sola persona. Y remató: si los PPS no son deuda, pues que no se pague.

Sin embargo, resaltó que es de vital importancia conocer el número de fideicomisos y compromisos de pago que se tienen vigentes, incluso, de los 24 mil millones de pesos que estarían reportados ante las autoridades hacendarias, el 60 por ciento no estaba

Puebla merece conocer cómo está constituida esta deuda y en qué se gastó, sobre todo ante la pobreza y las necesidades de los ciudadanos, remató al pedir a los diputados del PAN, que no le mientan a la gente con el lenguaje engañoso.